Cláusula suelo, de intereses moratorios, de vencimiento anticipado, de mora automática, de liquidación unilateral, de IRPH, de sumisión expresa, de compensación de saldos, de exclusión universal de responsabilidad, de limitación de disposición o enajenación de la finca hipotecada, de capitalización de intereses, o otras tantas que los estudiosos de esta materia vamos descubriendo conforme se van dictando resoluciones judiciales por parte de todas las instancias, incluso europeas, que declaran su abusividad y, por consiguiente, su nulidad radical.

Nulidad que se origina por la falta de transparencia e información, por la ausencia de negociación particular y expresa y, en fin, por acentuar la relación de desigualdad existente entre el predisponente (la entidad financiera) y el adherente (el consumidor), agravando la posición de inferioridad de este último.

Ante la sorprendente capacidad inventiva que tienen los Bancos y Cajas a la hora de redactar las condiciones generales que, posteriormente, impondrán al potencial prestatario en los contratos de préstamo hipotecario y, principalmente, a sabiendas de los “privilegios procesales” que les ofrece el sistema hipotecario español y, en concreto, el procedimiento de ejecución hipotecaria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, gracias a las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos judiciales de varios Estados Miembros, incluido España, ha tenido la oportunidad de establecer límites a dicho procedimiento, forzando al legislador nacional a modificar cuantas leyes sean necesarias para adaptarlas a la normativa comunitaria.

Entre las numerosas resoluciones dictadas por los tribunales, siguiendo un ánimo crítico y defensor de los intereses de los consumidores, cabe hacer mención de aquellas que recogen  la idea de que “el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas” (STJUE de 14 de junio de 2012, caso Banesto, con cita de muchas otras anteriores).

De tal forma, la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante la intervención positiva de un asesor especializado, de un juez, o de ambos.

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