¿Jurisprudencia del TJUE ignorada por los jueces?

Según el número 1 del artículo 4.bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, «los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»

Es una norma imperativa, explícita y sin parangón en nuestro ordenamiento jurídico. La interpretación hecha por el TJUE de la norma comunitaria es ley. Los Jueces y Tribunales nacionales no tienen la potestad de ignorarla. Están obligados a aplicarla con independencia absoluta de lo que digan otros Jueces o Tribunales nacionales (incluido el Tribunal Supremo).

Independencia que exige la propia ley nacional. Se describe en el apartado III de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional se extiende frente a todos, incluso frente a los propios órganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o Tribunales corrijan, a no ser con ocasión del recurso que legalmente proceda, la actuación de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones con carácter general y relativas a la aplicación o interpretación de la ley.»

En el caso de que los Jueces y Tribunales tengan dudas respecto a la aplicación de la jurisprudencia del TJUE o de una norma, tienen la obligación de plantear una cuestión prejudicial ante dicho Tribunal para que la interprete. Esta obligación se recoge en el artículo 267 Tratado Fundacional de la UE, y la expresa el propio TJUE en el documento publicado en el Diario Oficial -C 338 de 6.11.2012.-. En su parágrafo 12, dice que «los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno están obligados a someter al Tribunal de Justicia tales peticiones, salvo cuando ya exista jurisprudencia en la materia (y las eventuales diferencias de contexto no planteen dudas reales sobre la posibilidad de aplicar al caso de autos la jurisprudencia existente) o cuando la manera correcta de interpretar la norma jurídica de que se trate sea de todo punto evidente.» Y en su parágrafo 16 dice que, «todo órgano jurisdiccional nacional debe remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando albergue dudas sobre la validez de tal acto, indicando los motivos por los que considera que dicho acto podría no ser válido.»

Por último, el número 2 del citado artículo 4 bis de la LOPJ regula el procedimiento: «Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.»

La combinación de estas leyes es ineludible para Jueces y Tribunales. Tienen que aplicar obligatoriamente la jurisprudencia impuesta por el TJUE respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias, ignorando cualquier interpretación contraria hecha por los Jueces y Tribunales nacionales, aunque sea el Tribunal Supremo. La inaplicación de esta jurisprudencia y normativa comunitaria puede provocar resoluciones injustas que perjudiquen gravemente el derecho de los ciudadanos comunitarios.

Las sentencias del Tribunal Supremo contrarias a la jurisprudencia del TJUE no sirven de escudo ni parapeto a Jueces y Tribunales nacionales, para eludir la responsabilidad propia en la violación de la aplicación de ley comunitaria o de su interpretación hecha por el TJUE.

¿Cuál es la jurisprudencia del TJUE que no se está aplicando y qué efectos tendría aplicarla?

1ª. La sentencia de de 10 de junio de 2010 –asunto C484/08-, en la que el TJUE afirma:

  1. Que la ley 7/1998 no ha incorporado el artículo 4, apartado 2, al ordenamiento interno (apartado 41 de la sentencia).
  2. Que en consecuencia, un órgano jurisdiccional nacional puede apreciar el carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente, aunque se refiera al objeto principal del contrato, incluso si la cláusula se ha redactado de manera clara y comprensible (apartado 42 de la sentencia).
  3. Que la normativa española garantiza al consumidor, conforme al artículo 8 de la Directiva, una protección efectiva más elevada que la prevista por la propia Directiva (apartado 43 de la sentencia).
  4. Que según la normativa comunitaria, los Estados miembros pueden adoptar una normativa nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible (apartado 49).

Cito la sentencia:

«(39) …no puede de modo alguno deducirse de la sentencia Comisión/Países Bajos, antes citada, que el Tribunal de Justicia considerase que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva constituía una disposición imperativa y vinculante, que los Estados miembros debían obligatoriamente incorporar como tal a sus ordenamientos. Por el contrario, el Tribunal de Justicia se limitó a declarar que, para garantizar en concreto los objetivos de protección de los consumidores perseguidos por la Directiva, toda adaptación del Derecho interno a dicho artículo 4, apartado 2, debía ser completa, de modo que la prohibición de apreciar el carácter abusivo de las cláusulas se refiere únicamente a las redactadas de manera clara y comprensible.

40 De todo lo anterior se deriva que no se puede impedir a los Estados miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, normas más estrictas que las establecidas por la propia Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.

41 Pues bien, por lo que respecta a la normativa española de que se trata en el litigio principal, debe señalarse que, tal como se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia, la Ley 7/1998 no ha incorporado el artículo 4, apartado 2, al ordenamiento interno.

42 En consecuencia, en el ordenamiento jurídico español, como señala el Tribunal Supremo, un órgano jurisdiccional nacional puede apreciar en cualquier circunstancia, en el marco de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto principal de dicho contrato, incluso en supuestos en que esta cláusula haya sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y comprensible.

43 En estas circunstancias, debe observarse que, al autorizar la posibilidad de un control jurisdiccional completo del carácter abusivo de las cláusulas, como las contempladas en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la normativa española de que se trata en el litigio principal permite garantizar al consumidor, conforme al artículo 8 de la Directiva, una protección efectiva más elevada que la prevista por ésta.

44 A la luz de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones primera y segunda que los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que autoriza un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible.»

Y concluye:

«49. A la luz de todas estas consideraciones, procede responder a la tercera cuestión que los artículos 2 CE, 3 CE, apartado 1, letra g), y 4 CE, apartado 1, no se oponen a una interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva según la cual los Estados miembros pueden adoptar una normativa nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible.»

La CONCLUSIÓN es que, según la JURISPRUDENCIA del TJUE de OBLIGATORIA aplicación, el artículo 4.2 no se aplica en España al no haberse incorporado en la ley de transposición de la Directiva 93/13, por lo que procede hacer el control de abusividad de cualquier cláusula contractual, incluida la cláusula del cálculo de los intereses de un préstamo hipotecario. Por tanto, toda cláusula, sin excepción, que genere un desequilibrio grave entre las obligaciones de ambas partes en perjuicio del consumidor, debe ser declarada nula por abusiva, incluso si es clara y comprensible, e incluso si se refiere al objeto principal del contrato.

2ª. La sentencia de 19 de enero de 1982 –asunto 8/81-, o sentencia «Ursula Becker», sobre el efecto de las Directivas, en la que el TJUE afirma que: «[…] cuando las disposiciones de una Directiva son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y precisas, tales disposiciones pueden ser invocadas por los particulares afectados a falta de medios de ejecución de la mencionada Directiva que debían haber sido adoptadas por el Estado destinatario de la Directiva en un plazo determinado.» Y concordante jurisprudencia del TJUE (por ejemplo, asunto C-425/12), según las cuales, las disposiciones de una directiva que sean suficientemente precisas e incondicionales pueden invocarse directamente contra el Estado que no ha procedido a su transposición, pero no pueden crear, por el contrario, obligaciones a cargo de un particular.

La CONCLUSIÓN es que, según la JURISPRUDENCIA del TJUE de OBLIGATORIA aplicación, el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 no puede invocarse directamente para ser aplicada contra el consumidor, puesto que el Estado ha transpuesto la Directiva de forma correcta en lo que concierne a dicho artículo.

3ª. La sentencia de 30 de abril de 2014 (asunto C-26/13 Arpad Kasler), en la que el TJUE afirma que el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 es una excepción, que debe ser objeto de una interpretación estricta, por lo que sólo considera que constituyen objeto principal del contrato las cláusulas que sean esenciales al mismo.

Cito la sentencia:

(42) “Toda vez que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece una excepción del mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de los consumidores que establece esa Directiva, esta disposición debe ser objeto de interpretación estricta”.

(43) “Ésta incluye, en primer término, las cláusulas relacionadas con «el objeto principal del contrato».

Según el TJUE, sólo constituyen objeto principal del contrato, a efectos de la limitación, las cláusulas que regulan las prestaciones esenciales: (49) “Las cláusulas del contrato incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido de esta disposición, deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que como tales lo caracterizan”.

(50) “En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte del concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13.”

La CONCLUSIÓN es que, según la JURISPRUDENCIA del TJUE de OBLIGATORIA aplicación, a los efectos de la aplicación del artículo 4.2 de la Directiva 93/13, sólo tendrán el carácter de objeto principal del contrato las que sean esenciales al mismo. Dado que según la ley española -artículos 1755 del Código Civil y 315 del Código de Comercio-, el pacto de interés en el contrato de préstamo es accesorio, no le resulta de aplicación, en ningún caso, el artículo 4.2.

4ª. La sentencia Asbeek Bruse y de Man Garabito, EU:C2013:341, y las concordantes que se citan posteriormente, en las que el TJUE interpreta el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 en el sentido de prohibir a los Jueces y Tribunales nacionales la integración del contrato en las normas declaradas nulas por abusivas, ni por medio de una decisión del propio juez, ni por medio de la aplicación de normas nacionales que hubieran sido aplicables en el caso de que la cláusula abusiva no se hubiera incorporado nunca al contrato.

En la citada sentencia, el TJUE fija como doctrina que «El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no permite al juez nacional, cuando haya determinado el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, limitarse a moderar el importe de la pena contractual impuesta por esa cláusula al consumidor, como le autoriza el Derecho nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de dicha cláusula al consumidor.»

Las sentencias de 4 y 14 de junio de 2012 (Caso Banesto/Calderón Camino) y de 30 de mayo de 2013 (Caso Dirk Frederick Asbeek Bruse/Jahani BV) en las que el TJUE manifiesta que: “[…] los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la clausula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma-El contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las clausulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible […] Pues bien, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las clausulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el art. 7 de la Directiva ya que la mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales clausulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores.

De ello se deduce que el art. 6, apartado 1 de la Directiva no pueda interpretarse en el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una clausula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena contractual impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la referida clausula. El artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13debe interpretarse en el sentido de que no permita al juez nacional, cuando haya determinado el carácter abusivo de una clausula penal en contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, limitarse a moderar el importe de la pena contractual impuesta por esa clausula al consumidor, como le autoriza el derecho nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de dicha clausula la consumidor.”

La sentencia concordante de 21 de enero de 2015 –asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C487/13-, que en su párrafo 29 manifiesta que el artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13 «no puede interpretarse en el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la referida cláusula».

«31. (…) Si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores».

«(33) Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (…) No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad.»

La sentencia de 30 de abril de 2014 –asunto C-26/13-, en la que el TJUE manifiesta que el artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13 se opone a una regla que permita al juez nacional integrar el contrato modificando el contenido de la cláusula declarada abusiva. Con la única excepción de que, «en una situación en la que un contrato no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, dicha disposición no se opone a una normativa nacional que permite al juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho nacional.»

Y la sentencia de 21 de diciembre de 2016 –asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15), en sus párrafos 61 y ss dice el TJUE que «una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

(62) De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.»

La CONCLUSIÓN es que, según la JURISPRUDENCIA del TJUE de OBLIGATORIA aplicación, la sustitución de la cláusula declarada abusiva por una norma supletoria de Derecho nacional constituye una integración del contrato prohibida por el artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13, con la única excepción de que sea necesario para la subsistencia del contrato, y sólo en el caso de que dicha subsistencia sea más beneficiosa para el consumidor. Por tanto, la declaración de nulidad de una cláusula por resultar abusiva, que permita la subsistencia del contrato, tiene como consecuencia su desaparición del mismo, y la restitución de las cantidades abonadas por el consumidor en aplicación de la cláusula anulada. Sin que sea posible integrar el contrato, reemplazando la cláusula abusiva por una decisión judicial o por una norma de Derecho nacional.

 

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Acerca del autor

Julián Torremocha

Julián Torremocha

Socio fundador

Socio fundador del despacho de abogados Torremocha y Martínez Abogados, especializado en derecho financiero y bancario. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Máster en Derecho por la Universidad de Navarra.

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